Al rechazar la caducidad de la licencia de Fibertel, la oposición invocó el Pacto de San José de Costa Rica para relacionar el caso con la Ley de Medios y la intervención del Estado en Papel Prensa como un avance sobre la libertad de expresión. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -que la Argentina incorporó a la Constitución en 1994- establece que "no se puede restringir el derecho de expresión" con recursos "como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos y de frecuencias radioeléctricas". La presidenta Cristina Fernández propuso garantizar el acceso al papel a todos los diarios en las mismas condiciones que los accionistas Clarín y La Nación. Hoy, ambos deciden a quién vender y a quién reclamar un 50% más por el insumo.
A diferencia de la Ley de Radiodifusión de la dictadura, la nueva norma reserva frecuencias tanto para privados con fines comerciales como para organizaciones sin fines de lucro y el Estado.