Es notable: los abordajes más interesantes y profundos respecto de la conducta institucional del Poder Judicial en democracia, y antes también, bajo regímenes dictatoriales, los promueve el gremio de trabajadores judiciales. No son los jueces quienes los suscitan, o al menos no su núcleo más duro, concentrado y hegemónico entre la magistratura argentina, sino los empleados. Los trabajadores parecen querer alumbrar exactamente eso que los jueces desearían mantener a oscuras.
El miércoles 11 de agosto quedó al descubierto la evidente tensión que ocurre hace muchos años escaleras arriba del Palacio de la calle Talcahuano, como ámbito singular de una disputa aun más significativa: la que se manifiesta entre los jueces y el segmento social más postergado. Una brecha signada por el fundado descrédito que la justicia argentina ha cosechado entre los trabajadores y pobres en general. Por la mañana, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, encabezó un muy importante acto en el cuarto piso de Tribunales, que tenía por objetivo informar a los periodistas acreditados y a los miembros más destacados del Poder Judicial, más los representantes de los ministerios públicos, Fiscal y de Defensa, del Poder Ejecutivo, y los organismos de Derechos Humanos, los avances en los juicios que actualmente se instruyen en los tribunales ordinarios sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Horas más tarde, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, cerró una jornada auspiciada por el sindicato de trabajadores, la UEJN. El tema para desarrollar en el encuentro que era sindical pero estaba dirigido a toda la comunidad de la justicia, era también muy claro: la independencia judicial y los Derechos Humanos, con la perspectiva de construir una justicia al servicio del pueblo.
Sendos actos, desarrollados el mismo día, dejaron ver dos modelos distintos de entender la justicia, aunque ambos en un tiempo signado por cambios culturales y políticos que ya no pueden desconocerse.
En la jornada organizada por los gremialistas, la presidenta se refirió, entre otros temas, a aquello que tan bien se guardó de comentar Lorenzetti a la mañana: la independencia del poder económico que los jueces deberían mantener, tanto o más que del poder político. No fue el único dato sustancial en el mensaje de la mandataria. También aludió al fin de la impunidad en la Argentina de estos últimos siete años, y la "madurez y seriedad" con que la sociedad democrática transitó ese camino, "sin estridencias y con la Constitución en la mano", como dijo. Ello, sin olvidar mencionar que fue la misma Corte Suprema, pero la del año 1930, la que sancionó la llamada doctrina de los gobiernos de facto, con una tristemente célebre acordada del máximo Tribunal de entonces, que validó aquel primer golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, inaugurando la recurrente y nefasta participación de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país, aunque siempre actuando por mandato de poderes económicos muy concentrados, nacionales y/o extranjerizantes, a quienes sirvieron sin miramientos.
"Esto no podíamos esconderlo debajo de la alfombra o mirar hacia otro lado", expresó la presidenta, y siguió luego: "En una sociedad como la argentina, con su grado de desarrollo institucional, y de calidad y capacitación de los recursos humanos con los que cuenta, hubiera sido imposible hacer las cosas que se hicieron si no hubiera habido cierto grado de complicidad de sectores de la sociedad y también de sectores de la justicia".
Textual: "Complicidad de sectores de la justicia". Sólo el ministro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni, quien según expresó Piumato se encuentra afiliado a la entidad gremial de los empleados, escuchaba a la presidenta e incluso la había precedido en el uso de la palabra. Un gesto por parte del integrante del máximo Tribunal, del cual pueden hacerse varias interpretaciones.
En la exposición del presidente de la Corte sobresalieron comentarios muy alentadores respecto de la imposibilidad de dar marcha atrás en la prosecución de los juicios a los genocidas, a cambio de un silencio muy sugestivo en cuanto a la revisión por parte de los estamentos más encumbrados del sistema judicial argentino, de las conductas de infinidad de sus miembros, tanto en democracia, como antes también.
Ciertamente, resultó trascendente que Lorenzetti haya expresado que los juicios a los genocidas ya no tienen vuelta atrás. El problema es lo que el presidente de la Corte sigue sin decir, verdadera asignatura pendiente en el Poder Judicial: levantar la alfombra y explorar con ánimo de resolver la estrecha vinculación entre poderosos intereses económicos, eclesiásticos, los, en su época, militares (todos ellos juntos) y una porción inmensamente mayoritaria (o muy sensible, al menos) de la justicia argentina, durante la última dictadura.
Era deseable que Lorenzetti se refiriera, en su carácter de cabeza máxima del Poder Judicial, al bochornoso espectáculo que se vivió en Córdoba días pasados, donde los acusados de execrables delitos denunciaron al presidente de la Cámara Federal de aquella ciudad, el doctor Luis Rueda, por su responsabilidad en hechos represivos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Pero no dijo nada.
O que explicara, ante su nutrido y calificado auditorio, el estado de la investigación en trámite ante el Consejo de la Magistratura, y que busca establecer la actuación del hoy miembro de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, en el Batallón 601 del Ejército, a cargo de las tareas ilegales de inteligencia durante el genocidio. 
Montezanti, sin embargo, no es el único. También hay un fiscal de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, Justo Joaquín Rovira, y hasta un experto de los Cuerpos Periciales que dependen de la Corte, el calígrafo Rattaro. Todos ellos figuran en los listados del Personal Civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas genocidas, desclasificados recientemente por decreto presidencial, cuyo accionar fue clave para volver letal y eficaz el método de exterminio empleado por la dictadura.
Lorenzetti sigue sin aclarar ante la sociedad quiénes fueron los jueces que rechazaron sin la mínima averiguación los miles de habeas corpus tramitados sin éxito por los familiares de los desaparecidos. Es tan grosero el comportamiento de aquellos jueces, y es tan alto el cargo institucional que Lorenzetti inviste, que debería pedirles perdón públicamente a aquellos familiares, lo que sentaría un precedente realmente democrático para nuestro sistema judicial.
El presidente de la Corte persevera en no echar luz sobre la complicidad de aquellos magistrados que no investigaron debidamente lo que ocurría en el país ante las evidencias cada vez más numerosas y desgarradoras de la existencia de un plan genocida, como le hubiera cabido a cualquier juez cabal, con ánimo de buscar la verdad y de resolver injusticias.
A cualquier ciudadano se le puede atenuar su responsabilidad si actuara con poca valentía ante circunstancias históricas tan extremas, pero no a un juez de la Nación, a quien la Constitución le otorga fueros especiales y privilegios muy específicos a cambio de que garantice a la sociedad en su conjunto la defensa irrenunciable de esa Constitución, especialmente de los sectores más débiles de la comunidad. La Carta Magna, en sus artículos de derechos y garantías individuales, protege de manera enfática a los magistrados. Del mismo modo, sigue Lorenzetti sin indagar y reconocer ante esos medios a los que convocó el miércoles en Tribunales la manifiesta complicidad que decenas de jueces mantienen aún hoy con los enjuiciados por genocidio, al demorar grotescamente la resolución de los procesos penales. Ni una palabra sobre los jueces denunciados penalmente por las sospechas de que actuaron en connivencia con los apropiadores de menores a quienes se les sustrajeron vilmente sus identidades filiatorias, durante el genocidio. Nada de nada sobre la notoria empatía entre algunos jueces y ciertos judiciables de frondoso bolsillo, ni alusión alguna a las cárceles repletas de pobres, pero vacías de autores de delitos financieros o económicos de gran escala.
 "Todavía hay diferencias, porque quienes están condenados o siendo juzgados, si son militares, están en penales como el de Marcos Paz. Yo siempre digo: Etchecolatz está en el penal de Marcos Paz, pero Martínez de Hoz está en el Edificio Kavanagh. Y entonces todavía hay diferencias, según quién sea, en los juzgados." Eso también lo dijo la presidenta de la Nación, y con respecto a eso Don Ricardo Luis Lorenzetti tampoco levantó la alfombra para ver qué mugre había allí. Sintomático. <

N. de R. Con motivo de un error en la edición de ayer, repetimos la publicación de la presente Opinión.