La decisión del gobierno de eliminar las exenciones fiscales a las petroleras y de quitar los subsidios al gas, la luz y el agua que perciben los barrios apunta en varios sentidos. En primer lugar, es un mensaje claro de que continuará avanzando en la política de sintonía fina para evitar el despilfarro de los recursos finitos de las arcas públicas. En un contexto de crisis global, el gobierno es consciente que es necesario discriminar bien quiénes deben recibir apoyo económico y quiénes no. Esta quizá es la diferencia sustancial entre el ajuste tradicional de un gobierno ortodoxo y la sintonía fina del modelo K. El ajuste neoliberal recae sobre los sectores de menores recursos, hundiéndolos más y afectando la demanda agregada y el empleo. A modo de ayudamemoria, basta con recordar que los estatales y los jubilados fueron los que pagaron el ajustazo de la Alianza de Fernando de la Rúa. En cambio, hasta ahora el gobierno sólo le ha quitado beneficios, ya sea disfrazados de subsidios o de incentivos fiscales, a aquellos segmentos de la economía que tienen mayores ingresos. En ningún momento se ha tocado a los pobres ni a los sectores medios de la sociedad y tampoco al universo pyme. Además, el gobierno creó un sistema de premios y castigos, con el fin de promover la inversión, evitar un salto brusco en los precios y garantizar a continuidad del superávit fiscal y comercial, dos elementos claves del programa económico. Por eso, las principales figuras del Gabinete K están formalizando acuerdos con los sectores económicos para  garantizarles protección de las importaciones a cambio de que aumenten la oferta de productos y no generen inflación.