Tiempo Argentino

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1 de Agosto de 2014

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El sostén de Clarín y La Nación al plan económico de la dictadura

Jugaron un rol de apuntalamiento a la política impuesta por Martínez de Hoz. Saludaron la "normalización" de la economía que impuso tarifazos, despidos y el ajuste de salarios. Se beneficiaron con la estatización de las deudas.

Por:
Alejandro Guerrero

El 23 de marzo de 1976, el vespertino La Razón tituló: "Inminente final. Todo está dicho".
Había empezado la madrugada del 24 de marzo cuando el ministro de Defensa de Isabel Perón, José Deheza, terminó su última reunión con los comandantes militares. Les ofreció el Gabinete entero y la disolución del Parlamento. Todo salvo la presidencia. No era más que el intento postrero de aquel gobierno por permanecer, siquiera ficticiamente, al frente de la administración estatal mientras las Fuerzas Armadas ejercerían el poder real. Deheza fue a ese cónclave a ofrecer lo que no tenía; por supuesto, le dijeron que no.
Como había titulado La Razón, todo estaba dicho.
A las 3:21 de ese 24 indeleble, la marcha "Ituzaingó" interrumpió las emisiones radiales. La Junta Militar había consumado su asalto al poder.
Al día siguiente, el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, decía en su nota editorial: "La etapa de la involución ha concluido. Podría decirse que el presente ha quedado en las sombras y ahora ha comenzado el futuro". La Nueva Provincia es propiedad de la familia Massot. Fernando Massot es, aún hoy, uno de los pocos defensores sin cortapisas que le quedan a la dictadura. También es un invitado habitual a los programas televisivos de Mariano Grondona, quien, además, lo invitó a dar clases en el posgrado de Conducción Política que dirige en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA). Uno de los propietarios del CEMA es Roque Fernández, ex ministro de Economía de Carlos Menem.
El 26 de marzo, Clarín dijo: "Favorable repercusión tuvo en el exterior la asunción por parte de la Junta Militar del gobierno de la Nación. Quizás el mejor indicador se reflejó en el mercado de cambios de Montevideo, donde el peso argentino experimentó ayer un alza del 15% respecto de la jornada anterior."
El 27 de marzo, la Junta designó presidente a Jorge Rafael Videla, y la revista Gente escribió de él: "Cuando se habla del nuevo presidente (...) no se habla de un militar, de un político y ni siquiera de un militar político. Se habla de un moralista, de un hombre de otro tiempo."
Ese día, el FMI liberó un crédito para la Argentina de 127,6 millones de dólares, que tenía bloqueado desde hacía meses.
En el Ministerio de Economía estaba instalado José Alfredo Martínez de Hoz.
El primer José Alfredo Martínez de Hoz registrado en la historia argentina estuvo en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, y allí dijo que no encontraba razones para destituir al virrey. En 1806, como toda la aristocracia porteña, había sido colaborador entusiasta del ocupante inglés. Otro José Alfredo con ese apellido estuvo entre los fundadores de la Sociedad Rural y de la Bolsa de Comercio. Aún hoy lleva ese nombre uno de los pabellones del predio palermitano que Menem le malvendió a la Rural.
Estanciero, miembro del directorio de Pan American Airways y de la International Telegraph and Telephone (ITT), el José Alfredo Martínez de Hoz designado ministro de Economía por la dictadura militar era también asesor del Chase Manhattan Bank y ejecutivo de Acindar -subsidiaria de la US Steel-, de Bracht, del grupo Soldati, de Braun Boveri y de la Banca Roberts, lo cual da idea, aproximadamente, de los intereses sociales que golpearon en 1976. En agosto de 1975, por pedido de las principales corporaciones empresariales del país, las nacionales y las extranjeras, Videla le había encargado, clandestinamente, la elaboración de un plan económico de gobierno. Martínez de Hoz representaba al ala más dura del régimen, la más autónoma, la que no estaba dispuesta a seguir al pie de la letra y en todos los casos las órdenes del Departamento de Estado. Dos días después del golpe, Martínez de Hoz se reunió con el embajador estadounidense, Robert Hill, quien le habló de la necesidad de incorporar al gobierno a "peronistas decentes".
El ministro de facto se incorporó rápidamente, rígido, empalidecido y con las manos a la espalda. Contestó lenta y secamente, como si hiciera chocar cada palabra contra todos los dientes: "Señor embajador, cuando yo haya terminado, la palabra peronista ya no existirá."
El 28 de marzo, José Ignacio López, futuro editorialista de Clarín y futuro portavoz del presidente Raúl Alfonsín, escribía en La Opinión: "El ministro se ubica entre aquellos que han advertido que el hombre de negocios no puede permanecer recluido en el estrecho círculo de sus negocios, sino que debe participar activamente en la solución de los problemas de la sociedad contemporánea."
Esa clase de editoriales abundaban en aquellos días. El 12 de abril, Clarín decía: "La opinión internacional ha recibido con marcado beneplácito la actitud de las nuevas autoridades en lo tocante a Derechos Humanos. Ello granjea sin duda una corriente de simpatía y estimula el apoyo. Pero aunque no fuera ése el resultado, nada puede ser más acertado que la adopción por parte del gobierno de una postura que conforma a nuestra ciudadanía y se inserta en las mejores tradiciones argentinas y cristianas."
Al mismo tiempo, Clarín despedía más de 300 trabajadores sin indemnización, por "razones de seguridad", como "las mejores tradiciones argentinas y cristianas" de la dictadura le permitían hacer.
 
ERAN PARTE. Clarín y La Nación tenían  un vínculo orgánico, institucional, con Martínez de Hoz y con los intereses económicos y sociales que golpearon en marzo de 1976. El ministro de Economía de la dictadura era el presidente del Consejo Empresario Argentino, uno de los motores del golpe, y ahí estaban Clarín y La Nación y también Papel Prensa, junto con Techint, Acindar, el grupo Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorroaquín (Banco Comercial del Norte), Pescarmona, Bulgheroni, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge & Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate y Pérez Companc. Ese Consejo sería proveedor abundante de funcionarios durante toda la gestión de Martínez de Hoz. Los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón no tuvieron, como suele decirse, una actitud sumisa y pasiva frente a la dictadura; fueron, por el contrario, parte activa de ella. Con sus dichos y con sus silencios, antes que a los militares, se protegían a sí mismos.
Así, en el editorial de su edición del 3 de abril, apenas asumido Martínez de Hoz, Clarín explicaba la necesidad económica del golpe en estos términos:
"Las normas establecidas (por el gobierno peronista para las inversiones extranjeras) se conjugaron con la política populista en materia social para desalentar toda inversión, tanto extranjera como nacional (...) Para que haya inversiones se requiere seguridad y rentabilidad (...) premisas de valor universal (...) Para cumplir esos objetivos, la Argentina se ha puesto en marcha, según lo muestran los acontecimientos."
Raúl Kraiselburd, director del diario El Día, de La Plata, aseguró el 7 de abril de 1976 que no había censura de prensa en el país. Mientras él lo decía, los militares intervenían el diario El Independiente, de La Rioja, y secuestraban a un grupo de sus periodistas. El 22 de abril, una comunicación interna de La Voz del Interior a su personal decía: "Por directivas del Comando del III Cuerpo de Ejército en el día de la fecha, no se pueden publicar reclamos de familiares de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero."
Ese mismo Comando, a fines de abril, ordenó quemar miles de libros. Luciano Benjamín Menéndez reunió en una enorme pira volúmenes de Proust, Neruda, García Márquez, Vargas Llosa, Galeano, Saint-Exupéry, Mao, Perón, Cooke, Lenin y Trotsky, "para que con este material -dijo- se evite (sic) continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra Iglesia y, en fin, nuestro tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, patria y hogar".
El 8 de abril, Clarín explicaba con cuánto beneplácito había sido tomado un discurso de Martínez de Hoz por las patronales agrarias, "ya que coincidió con los reclamos que desde hace tiempo venía solicitando el hombre de campo".
 
NEGOCIOS SON NEGOCIOS. A poco de producirse el golpe, comenzó a gestarse una de las mayores estafas que el Estado argentino sufriera en toda su historia económica: la estatización de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE). El Decreto 223/76 nombró una comisión "para estudiar la situación" de esa y de otras empresas. La Resolución 274, también de abril de 1976, integró esa comisión con un grupo de militares y de civiles.
La CIAE estaba en situación terminal: su pasivo había aumentado de 1500 a 10.179 millones de pesos entre 1973 y 1975, y sus compromisos habían pasado de 828 a 4344 millones. A fines de 1975, Isabel Perón ya había decidido nacionalizar la Ítalo y la dictadura ratificó esa decisión.
Dos años después, el 2 de junio de 1978, se firmó el precontrato y, finalmente, por una empresa cuya cotización en el mercado no superaba los 8 millones de dólares se pagaron casi 400 millones, 50 veces más. El director del Registro de Inversiones Extranjeras del gabinete de Martínez de Hoz, Juan Carlos Casariego de Bel, se opuso a esa estafa y fue secuestrado el 15 de junio de 1977. Sigue desaparecido hasta hoy.
En medio del Mundial de Fútbol y de la euforia videliano menotista, Clarín, La Nación y los demás medios mantuvieron un silencio de radio sobre la estafa, no dijeron una palabra del secuestro y desaparición de Casariego Bel, y explicaron editorialmente que no se trataba de volver al "Estado empresario" sino de reordenar una empresa de servicios públicos para proceder luego a la correspondiente reprivatización.
En 1981, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, dispuso lo que luego se llamaría "estatización" de la deuda externa privada, cosa que se hizo mediante un seguro de cambio que daba a los deudores una cotización del dólar muy inferior a la real. La diferencia la pagó el Estado argentino. Además de que la medida en sí era un asalto privado a las arcas públicas, generó maniobras extendidas de corrupción. Pérez Companc, por citar un caso, cobró los beneficios del seguro, aunque no había obtenido de sus acreedores una prórroga del vencimiento, tal como lo exigía la comunicación A-137/BCRA. Además, hubo abundantes maniobras de autopréstamos. Es decir, compañías radicadas en la Argentina se hacían prestar fraudulentamente por sus propias casas matrices, para así cobrar el seguro de cambio.
Acerca de aquellas maniobras, poco importa lo que Clarín y La Nación dijeran o dejaran de decir, sino lo que hicieron: Papel Prensa estuvo entre las primeras en usar maniobras de autopréstamos para estafar al fisco, tal como figura en el expediente judicial 14.467, folios 874 y 1350, causa radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, donde duerme, cual conviene, el sueño de los justos.
Los grandes medios defendieron a la dictadura porque fueron parte de ella, de los intereses que aquel régimen concurrió a salvar. Pero, como diría el historiador Milcíades Peña, que ahora hablen de "libertad de expresión" suena como una invocación a la castidad en labios de una cortesana. <