El gobierno nacional anunció ayer que a partir de marzo extenderá el envío de declaraciones juradas sobre necesidad de subsidios a nuevas zonas del Conurbano Bonaerense y a todos los barrios cerrados del país. "Si sumamos a los que ya recibieron su formulario, el total es de 255.558 usuarios a los que se subsidia por $ 557 millones", destacaron desde el Ministerio de Planificación.
Las cartas llegarán a partir del 1 de marzo con las boletas de luz, gas y agua, y los usuarios tendrán 30 días para responder si precisan el beneficio. De no hacerlo frente a la primera notificación, recibirán una nueva comunicación que en caso de no ser contestada luego de cinco días determinará la quita del subsidio.
A los barrios de altos recursos de la Ciudad de Buenos Aires y del norte bonaerense a los que ya comenzaron a llegar las planillas, el gobierno sumó a Vicente López (La Lucila y Olivos), San Isidro (Club Pueyrredón, Martínez y Béccar), Tigre (Benavídez, General Pacheco y Don Torcuato) y San Fernando (Punta Chica y Victoria). Además, se incluyeron Hurlingham e Ituzaingó (Parque Leloir y Barrio 33) de la zona oeste, Almirante Brown (Adrogué) del sur, y "los conglomerados de casas rodeados por un cerco, con calles internas y seguridad privada", es decir, a los barrios cerrados. Estas zonas en conjunto comprenden a 71 mil usuarios que hoy reciben $ 228 millones en concepto de subsidios.
La decisión la adoptó el grupo de trabajo para el análisis y estudio de la incidencia de los subsidios en los distintos sectores, que conforman los ministerios de Economía y de Planificación, después de avanzar con el relevamiento de zonas residenciales. Desde la cartera que encabeza Julio De Vido indicaron que de esta manera el gobierno ratifica "la política de redireccionamiento de los subsidios, desde aquellos que no los necesitan a quienes todavía no pudieron acceder a los servicios universales". La intención es dejar de subsidiar la oferta para pasar a subsidiar la demanda.
Según datos del Ministerio de Planificación, por el momento la quita directa de subsidios alcanza a 275.504 usuarios, lo que implica una reducción del orden de los $ 4896,3. Además, se reveló que 23.215 personas ya renunciaron voluntariamente, lo que equivale a un ahorro de $ 40 millones. <