Determinadas discusiones políticas merecen un análisis que excedan las simples declaraciones de los actores en disputa que, en tanto que tales, contienen un trasfondo que ayuda a comprender. Para ello, resulta útil pensar los orígenes de esta alianza  estratégica entre Camioneros (luego, la CGT al mando de Moyano) y el gobierno nacional. Dar cuenta de las causas estructurales permiten comprender el fenómeno de manera más acabada que explicando una relación política a partir de anécdotas personales y preferencias que hacen al mundo de lo privado. Vale decir: es necesario pensar el lugar del movimiento obrero organizado dentro de un modelo económico y productivo determinado, en el cual se inserta pero a partir del cual adquiere características específicas.
El proceso iniciado en 2003 significó un cambio en el paradigma de desarrollo que, naturalmente, emponderó a sectores anteriormente relegados por un modelo productivo que los excluía. Toda decisión de política económica, sin caer en el determinismo, selecciona tanto como excluye determinados actores de acuerdo a su orientación y su lugar en la economía. Así, la figura del camionero se convirtió en un dato político al mismo tiempo que en una metáfora del cambio.
Si en 2003, el actor de la demanda política por excelencia era el movimiento social que exigía bolsones de comida frente al Ministerio de Trabajo -una postal de época que suple mil palabras- los años posteriores trasladaron las demandas apenas dos cuadras más allá, sobre la avenida Madero que, atestada de camiones, se convirtió en la radiografía de la recuperación. Un símbolo, apenas, de un proceso mucho más complejo.
Si el vínculo CGT-gobierno se explica tanto por factores estructurales como por la dinámica propia de la política, las tensiones entre los actores exigen un análisis que incluya las dos variables.
No resulta un dato menor el último de los cuestionamientos de la CGT a la idea de la "sintonía fina", expresión utilizada por la presidenta para graficar la nueva etapa del modelo productivo. Si resulta exagerado decir que lo que el kirchnerismo planteó como paradigma de desarrollo desde 2003 alcanzó todos sus objetivos, al menos es necesario suponer que un nuevo escenario, tanto interno como -quizás más que nunca- externo, exige nuevos objetivos y, para ellos, renovadas estrategias.
En ese sentido, las medidas adoptadas últimamente, dan cuenta de una intención de pasar de la etapa de la reconstrucción al desarrollo. La discusión, entonces, no pasa por una modificación en la actitud de uno u otro actor, sino por la forma en la que actores previamente consolidados se enfrentan a un nuevo escenario.
Esta necesidad de acomodarse a nuevas dinámicas no puede sino generar tensiones entre actores que tienen, por definición, razones de ser diversas, que tantas veces se complementan y algunas otras divergen. Amén de los ruidos que provoque el salto a una nueva etapa, las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, respecto al rol del Estado como garante de un piso mínimo, pero sin intervenir en la fijación del salario, parecen barrer con las especulaciones previas sobre el motivo de la disputa. No habrá sido casual que, en ese mismo discurso, la presidenta señalara los sectores de la economía con más ganancias.
El señalamiento permite avizorar que, por más nueva etapa que esté por comenzar, el Estado Nacional no se mantendrá neutral en este tipo de discusiones. Hay quienes refieren que el llamado a disputar electoralmente la orientación del modelo de desarrollo resultó un mensaje a la CGT. Tampoco es posible dejar de señalar que, intencionado o no, el mismo argumento sirve para quienes hoy, después de ocho años de denostar al sindicalismo, hacen de esta tensión un argumento para recuperar sus esperanzas.