El canciller Héctor Timerman aseguró ayer en conferencia de prensa que dará curso a "las acciones legales necesarias para evitar que se avance en la construcción" de la represa que el vicepresidente de Clarín, José Aranda, y el financista George Soros, pretenden levantar sobre el Arroyo Ayuí, a fin de poder irrigar 18 mil hectáreas de arrozales. Debido a las implicancias que podría significar la concreción de este emprendimiento, Timerman aseguró que "viola el medio ambiente y el derecho internacional".
Poco antes había twitteado:  "La represa de Ayuí no se va a convertir en una nueva Botnia porque la Argentina va a denunciar esto."
Las repercusiones por el polémico proyecto, que denunció Tiempo Argentino, ya habían comenzado a reflejarse en los medios uruguayos. Una eventual violación al Estatuto del Río Uruguay estaba sobre la mesa, y el encargado de la diplomacia argentina resolvió intervenir a fin de evitar un nuevo roce con el país vecino.
"En la mañana de hoy (por ayer) me comuniqué con el canciller uruguayo, Luis Almagro, para darle la información que yo tenía sobre el potencial efecto medioambiental que puede causar la construcción de esa represa en la provincia de Corrientes, al mismo tiempo, nuestro representante ante la CARU envió una carta también, poniendo a disposición la información que tenemos y comprometiéndonos a cooperar para mantenernos dentro de lo que nosotros consideramos necesario, que es el respeto de los tratados internacionales que firma la Argentina", afirmó Timerman.
El canciller aseguró además que hace ya varios meses que solicitaron al gobierno correntino no autorizar la construcción hasta tanto la Secretaría de Medio Ambiente no pueda estudiar el impacto que podría tener en el Río Uruguay y en el resto de la provincia. "Me comuniqué por escrito personalmente con el gobernador (de Corrientes) Ricardo Colombi y firmé una carta que ya recibió donde le pido que no avance en la construcción" agregó.
Timerman criticó al mandatario provincial por no brindar la información requerida. "A diferencia de una empresa industrial, el impacto de este proyecto está dado si se construye. Ya la mera construcción es un impacto, lo que no tenemos es la información que no nos ha provisto la provincia de Corrientes ni las empresas que están en tema" por eso, indicó "al no tener información actuamos de oficio".
En este sentido indicó: "Estamos evaluando presentaciones judiciales para evitar que se ponga en marcha este emprendimiento, las actuaciones serían contra las autoridades que puedan autorizar la obra (...) si, como creemos, el proyecto es dañino para el medioambiente y violatorio de un tratado internacional, vamos a actuar".
El emprendimiento del vicepresidente del Grupo Clarín y del magnate de origen húngaro prevé el desmonte e inundación de una zona protegida de 8 mil hectáreas para irrigar otras 18 mil de arrozales. Los agroquímicos utilizados podrían además contaminar el Río Uruguay del que es efluente el Miriñay, donde desemboca el Ayuí. <