El sistema de retenciones vigente es el que quiso el agro en 2008; y el que convalidó con su rechazo a la Resolución n?125 que propuso este gobierno. Cualquier modificación  a ese esquema debe tener una base de análisis económica seria y no puramente declamativa. Los cambios que se propongan deben estar acompañados de estudios lo suficientemente sustentados para decidir una disminución o exención.
Toda transferencia de recursos del Estado a una actividad privada es un desfinanciamiento de las actividades públicas y va contra las obligaciones que el Estado tiene que cumplir con esos recursos. El proyecto es como todos los que la oposición vino proponiendo hasta ahora: tiene la lógica de causar daño al gobierno, sin importar si se le causa daño al país. Lo que le importa al "grupo A" es darle un golpe político al Poder Ejecutivo, sin pensar si la medida es seria o se sostiene por sí misma. Además una desgravación impositiva, en vez de proteger al más chico, beneficia al más grande.